martes 12 de diciembre del 2017
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DIAGNÓSTICO

Diagnóstico Seguridad

Por La Fábrica Porteña
13-04-2015

Problemas específicos

 

Gasto en Seguridad Privada

 

En base a información de la Cuenta de Inversión y de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre, pudimos observar que entre los años 2008 y 2013 la participación del gasto en Seguridad Privada sobre el Gasto Público total osciló entre el 0,7% y el 1%. En términos absolutos, el gasto total lleva contabilizados entre 2008 y 2013, 1.491 millones de pesos que sumados al presupuesto vigente de 2014 llevan el gasto total en seguridad privada durante la administración macrista a 2.235 millones. Dicho monto surge de la sumatoria de los gastos que cada jurisdicción realiza en este rubro, particularmente para el cuidado de las dependencias públicas que están bajo su órbita. Si comparamos estos números con el gasto total de la CABA entre el 2008 y 2013, encontramos que éste experimentó un aumento del 279%, mientras que el gasto en seguridad privada aumentó un 309% en el mismo período, es decir, por encima del promedio. Por otro lado, cabe destacar que estos gastos que cada jurisdicción realiza de manera descentralizada se hacen a pesar de que en el año 2011 fueron licitados (mediante la Licitación 298) los servicios de seguridad privada para la custodia de edificios y dependencias del Gobierno de la Ciudad. El monto total de dicha licitación es $496.403.693,08, a ejecutarse durante 48 meses, es decir hasta 2015 a través de 4 empresas y obteniendo pagos mensuales predefinidos. Entre los servicios contratados se destacan los de seguridad privada en los subterráneos, que en el primer semestre de 2014 asciende a la suma de $17.002.132,98. De esta manera, la custodia privada de subtes -ahora responsabilidad de la Policía Metropolitana- obtuvo en seis meses más financiamiento que la Subsecretaría de Prevención del Delito para todo 2014.

 

Seguridad en los Hospitales de la Ciudad

 

“Este acuerdo se firmó por Médicos Municipales, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características físicas y el perfil de cada uno de los hospitales”. Graciela Reybaud, Ministra de Salud.

 

Un problema central de las órdenes es la falta de abordaje en profundidad de cada una de las problemáticas específicas que padece cada institución, más allá de una simple designación de puestos a cubrir según el tamaño y las características arquitectónicas del edificio. Frente a las conflictividades que se producen en los hospitales porteños, el Ministro Montenegro y la Ministra Reybaud publicitaron como estrategia de abordaje la puesta en marcha de protocolos de seguridad para los hospitales: las “Ordenes de Servicio para hospitales públicos de la Ciudad”. Asimismo, pueden encontrarse otras deficiencias significativas en la elaboración de los “(pseudo) protocolos”: insuficiencia y falta de planificación estratégica de los objetivos que son cubiertos por los vigiladores; precariedad en las medidas adoptadas para el control de ingresos; omisión de mecanismos para articular la función de los vigiladores con las Fuerzas de Seguridad Pública que funcionan en el distrito cuando se le da ingreso y se custodia a un paciente que se encuentra detenido; ausencia de protocolos a seguir en casos en los que se afecte a población vulnerable, como podrían ser episodios de violencia de género, situaciones conflictivas que involucren niños y niñas o aquellas en las que participen pacientes con padecimiento mental.

 

Policía Metropolitana y videovigilancia

 

“Sabemos que falta y que cualquier medida es poco frente al fracaso de las políticas nacionales y provinciales de seguridad, pero seguimos avanzando para cuidar a los vecinos, sumando cada vez más agentes, y también ampliando la red de cámaras de seguridad y respondiendo a todo tipo de emergencias a través de nuestro moderno Centro Único de Coordinación y Control”. Mauricio Macri.

 

La “nueva policía” del macrismo está compuesta en su mayoría (aproximadamente el 70%) por efectivos que provienen de otras fuerzas (ex Policías Federales, ex Bonaerenses, ex Gendarmes, ex militares, etc.) que, como única formación, reciben un curso de cuarenta y cinco días. En 2014 se llevó adelante un violento desalojo del asentamiento bautizado como Papa Francisco. Éste es uno más de una lista que también incluye desalojos violentos en el Hospital Borda y en el Centro Cultural San Martín.

 

Actualmente, las dos mil cámaras instaladas por la Ciudad son monitoreadas desde un único centro de comando, siendo la tarea de videovigilancia ejercida por muy pocos operadores civiles que llegan a visualizar menos del 10% de las cámaras en funcionamiento. Peor aún, ante los reclamos de los vecinos para que se coloque un dispositivo en alguna esquina cercana a su domicilio o lugar de trabajo, los mismos son reubicados dejando sin videovigilancia un área antes cubierta por el sistema. Esto toma mayor relevancia si tenemos en cuenta que el lugar predominante para la comisión del homicidio doloso es la Vía Pública (68,75% según el último informe de la CSJN).

 

Desigualdad en la tasa de homicidios dolosos ocurridos entre el Norte y el Sur de la Ciudad

El último informe de la CSJN sobre Homicidios Dolosos ocurridos en la CABA durante 2013 pone en evidencia que los barrios del Sur son los más afectados por este delito. Los barrios de la zona sur poseen una tasa de 13,18 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es cinco veces más que la existente en la zona norte (2,37). Estos datos se esconden detrás de la tasa para la Ciudad en su conjunto que es de 6,08 por cada 100.000 habitantes.
Esta diferencia es una prueba más de que son los sectores más vulnerables los que más padecen las consecuencias de las conflictividades urbanas. Esta idea se refuerza al observar que el 36% de los homicidios ocurrieron en barrios de emergencia y que en el 47% existió alguna relación previa entre víctima victimario. Aquí se evidencia la incapacidad o la falta de voluntad del Ejecutivo para intervenir en las conflictividades que se desatan a partir de la convivencia entre vecinos y conocidos, la falta de políticas efectivas de mediación y la poca relevancia otorgada (en términos de presupuesto) a las áreas encargadas de llevar adelante los programas específicos de prevención del delito y relación con la comunidad.
La Comuna 1, que únicamente cuenta en una parte de ella con cierta presencia de la Policía Metropolitana (el Microcentro porteño y, recientemente, el área de Retiro), es la zona de la Ciudad con los índices más altos tanto de delitos (13.4%) como de contravenciones (13.3%). Esta jurisdicción experimentó un incremento interanual 2011-2012 del 24% en los casos penales ingresados (neutralizando y superando la disminución que había tenido de 2010 a 2011). Un dato positivo a reconocer es la disminución interanual (2012-2013) de homicidios ocurridos en Retiro y la Comuna 1.

 

Análisis presupuestario

 

Para el año 2014 el presupuesto destinado Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad representó el 4,97% del presupuesto total del GCBA. Entre 2013 y 2014 experimentó un aumento del 35,81%, alcanzando un monto total de $2.971.951.288.

 

  Presupuesto total CABA

(en absolutos)

Presupuesto del área por Finalidad – Función

Seguridad (en absolutos)

Presupuesto del área por Finalidad – Función

Judicial (en absolutos)

2008 $13.103.591.570 $618.506.542 $454.659.165
2009 $16.980.785.984 $685.321.301 $651.602.146
2010 $18.039.387.874 $749.656.390 $750.173.139
2011 $26.939.656.970 $1.063.823.777 $1.162.394.627
2012 $32.905.436.924 $1.589.095.860 $1.453.961.237
2013 $40.549.912.585 $2.038.033.546 $2.005.540.791
2014 $59.501.674.240 $2.650.905.783 $2.824.244.572

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial.

 

“Venimos trabajando desde hace 3 años en un Plan Integral de Seguridad, que contempla políticas de prevención, coordinación y control de la emergencia (…). Este plan está teniendo resultados muy positivos para los vecinos”. Mauricio Macri
 

 

  Total Asignado para 2014 Presupuesto de la unidad / Total Presupuesto ministerial Variación interanual
Total Ministerio $2.971.951.288 35,81%
Unidad Ministro $110.127.526 3,71% 42,78%
Subsecretaría de Prevención del Delito y relación con la Comunidad $16.537.126 0,56% -12,47%
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana $127.249.415 4,28% 2,59%
Subsecretaría de Emergencias $189.540.173 6,38% 28,54%
Subsecretaría de Justicia $293.129.173 9,86% 25,40%
Agencia Gubernamental de Control $347.232.361 11,68% 26,74%
Gastos Policía Metropolitana (Organización, Gestión operativa y Formación) $1.888.135.514 63,53% 45,08%

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial.

 

Si observamos la designación de recursos al interior del Ministerio se puede apreciar cómo la subsecretaria de prevención del delito y relación con la comunidad, siendo el área de menor peso relativo (0,56% del presupuesto jurisdiccional) fue la única área de gestión que en 2014 sufrió un importante recorte presupuestario en un contexto de alto aumento de fondos para la cartera ministerial. Asimismo, en la relación con las políticas específicas que debe desarrollar cada una de las subsecretarías, se observan reducciones en las partidas de programas de gran interés para el sector como lo son las Políticas de prevención del delito (-28,38%) y el Instituto Superior de Seguridad Pública (-13,74). Por su parte, programas vinculados a la coordinación y control de la emergencia experimentaron magros aumentos en relación al que tuvo el Ministerio en su totalidad: Intervenciones en emergencias en la vía pública (+3,49%) y Apoyo logístico en emergencias (+2,79%). Esto provocó que se tuvieran que hacer reasignaciones presupuestarias para llevar adelante pericias vinculadas al trágico incendio ocurrido en un depósito de la empresa Iron Mountain ubicado en Barracas, en febrero del 2014.

 

Finalmente, el programa Custodia y seguridad de edificios públicos recibió un ínfimo aumento (+2,3%), lo cual contrasta con el -antes mencionado- gasto exponencial que las diversas jurisdicciones del GCBA utilizan en la contratación de empresas privadas para el cuidado de los edificios y bienes a su cargo, en lo que constituye una clara preferencia por la privatización de este servicio en detrimento del sistema público.

 

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