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LA METROPOLITANA

5 años y 5 deudas que contradicen la Ley que crea la PM

Por La Fábrica Porteña
05-02-2015

1. Incapacidad operativa para asumir la prevención situacional en todo el distrito: Si la creación de la PM buscaba fortalecer la autonomía del distrito asumiendo la responsabilidad de la seguridad pública por parte de las autoridades locales, este primer objetivo está demasiado lejos de ser cumplido. Tras 5 años de existencia, el despliegue de la fuerza solo llega a complementar parte de las tareas de patrullaje en las comunas 12, 15 y 4 (donde existen comisarías de la PM) y cuentan con focos de intervención en la comuna 1 (microcentro). Esta insuficiente intervención territorial se debe a que la fuerza no alcanzó a formar los 15 mil agentes que el Jefe de Gobierno y el Ministro Montenegro prometieron en el momento de su creación. Por otro lado, la estrategia de despliegue de la Fuerza no guarda ninguna relación con los indicadores de delitos y conflictividades del distrito, manteniéndose la incógnita respecto de los criterios de evaluación asumidos por parte de las autoridades públicas.

 

En consonancia con el débil despliegue de efectivos, el gobierno de la ciudad ha manifestado la voluntad de complementar el tradicional modelo de prevención situacional por parte de la fuerza pública con el desarrollo de un modelo de video-vigilancia. Sin embargo, la capacidad operativa del sistema desarrollado por el Gobierno de la Ciudad está lejos de alcanzar resultados reales en términos de seguridad en el distrito. Las dos mil cámaras instaladas por la Ciudad son monitoreadas desde un único centro de comando, siendo la tarea de video-vigilancia ejercida por muy pocos operadores civiles que llegan a visualizar menos del 10% de las cámaras en funcionamiento. Peor aún, ante los reclamos de los vecinos para que se coloque un dispositivo en alguna esquina cercana a su domicilio o lugar de trabajo, los mismos son reubicados dejando sin video-vigilancia un área antes cubierta por el sistema.

 

2. Uso excesivo de la fuerza y falta de articulación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Metropolitana que permitan implementar políticas de prevención:La ausencia de formación específica para la formación de una fuerza policial de perfil comunitario y orientado a la prevención de los delitos y violencias urbanas convive con un contexto de débiles políticas públicas orientadas a estos fines y un marcado perfil represivo de las intervenciones de esta fuerza en el espacio público.

 

Por un lado, como se observa en la cronología que acompaña este informe, la PM intervino en numerosos desalojos en el espacio público que fueron realizados con un uso desproporcionado de la fuerza. Ver informe de 2013 “Policía Metropolitana una máquina institucional para herir ciudadanos”. http://lafabricaportena.com/seguridad/la-policia-metropolitana-o-la-maquina-institucional-de-hacer-heridos/#.VNI2MdKUf1Y

 

Por otro lado, tras 5 años de existencia de una nueva fuerza distrital, se observa la inexistencia de lineamientos por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño para desarrollar políticas públicas junto con la PM orientados a la prevención de los delitos y la violencia. Para 2015, la subsecretaría de prevención del delito y relación con la comunidad solo obtuvo un simbólico 0.56% de los recursos del área. Más allá de cubrir 11 senderos seguros por parte de un modesto cuerpo de agentes de protección escolar, no se conocen políticas activas para desarrollar políticas que logren cubrir algunas de las necesidades específicas del sector. En este sentido, cabe resaltar que la política impulsada por el ministerio porteño respecto de los senderos seguros consiste en ir alternando la asignación de recursos entre los distintos barrios en la medida en la que los vecinos los demanden. Es decir, la ausencia de planificación basada en estadísticas reales respecto de la situación de delitos o violencias en zonas escolares tiene como contracara la manipulación de estos 11 senderos que puede cubrir el cuerpo de agentes de protección escolar.

 

3. Ausencia de estrategias para la formación de una policía local especializada: La Ley que crea la PM, producto de los debates que la enmarcaron, buscó crear una fuerza policial local con un perfil comunitario, basado en la prevención de conflictos y delitos en el distrito. Sin embargo, tras 5 años de existencia, se observa que los criterios de selección y formación de los agentes no se fundan en estos preceptos. El 70% de los efectivos provienen de otra fuerza (ver en cronología decretos de 2009 que lo promueve y otorga beneficios) y, para vestir el uniforme de la PM, solo tienen que realizar cursos de Integración y Nivelación de estado policial que duran 2 meses y, entre sus 12 asignaturas no hay ninguna formación sobre procedimientos de prevención o estrategias de articulación comunitaria. Tampoco se ofrecen herramientas para la comprensión de conflictividades urbanas que afectan a la seguridad pública. Asimismo, hay que resaltar la ausencia de protocolos de actuación especializados que fijen estándares de actuación acordes a la distinción específica de una policía orientada a la resolución de conflictos comunitarios (adicciones, violencia vecinal, etc.).

 

Del presupuesto aprobado para 2015 para el instituto de formación (-55,48%) y de la expectativa declarada por Montenegro respecto de la incorporación de agentes para la PM se desprende que la estrategia del Gobierno de la Ciudad es continuar facilitando el ingreso de personal de otras Fuerzas e ir reduciendo la inversión en formación de nuevos policías.

 

Por otro lado, más allá de las cuestiones relativas al perfil y formación de los agentes que integran la fuerza, se observa la inconsistencia respecto del perfil comunitario de la fuerza al carecer, en su despliegue territorial, de estrategias de acercamiento a la comunidad. En efecto, tal como manifestó el ministro Montenegro, la PM solo prevé contar con una dependencia o comisaría por comuna y no se conocen instancias de descentralización que permita quebrar este perfil centralizado que imposibilita el acercamiento de los vecinos a la institución.

 

4. Limitaciones a la participación comunitaria en el sistema de seguridad pública: Si bien los artículos 16 y 17 de la Ley de Seguridad Pública (N°2.894) establecen expresamente la participación de los/as ciudadanos/as en los asuntos de seguridad pública, el ejecutivo porteño se encargó de que dicha participación sea resumida a una mera instancia de sugerencia y formulación de propuestas (de carácter no obligatorio). Este es el caso del veto (Decreto N° 005/010) a dos artículos de la primera ley de Foros de Seguridad Pública -Fosep- (ley 3247). Si bien, posteriormente, la ley 4007 retomó los puntos vetados por Macri, no fue posible hacerlo con las mismas atribuciones originarias, quedando las tareas de “elaboración, diseño, evaluación” de las Políticas de Seguridad suprimidas en el segundo proyecto.  El veto se justificó en base al Artículo 12 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894 que sostiene al Ministro de Justicia y Seguridad como responsable, entre otras funciones, de la elaboración y diseño de las políticas públicas de seguridad. No obstante, esa interpretación de la ley 2.894 reduce a la insignificancia a los antes mencionados artículos 16 y 17 que también la constituyen. Algo similar ocurriría con la Constitución local, que en su primer artículo establece las instituciones autónomas se deben organizaran bajo la forma de una democracia participativa.

 

5. La apuesta pública a la seguridad privada: A 5 años de la creación de una fuerza pública el Gobierno de la Ciudad apuesta, cada vez más, al fortalecimiento de las agencias de seguridad privada. Entre 2008 y 2013 la participación del gasto en Seguridad Privada sobre el Gasto Público total osciló entre el 0,7% y el 1%. En términos absolutos, el gasto total lleva contabilizados entre 2008 y 2013, 1.491 millones de pesos que sumados al presupuesto vigente de 2014 llevan el gasto total en seguridad privada durante la administración macrista a 2.235 millones. Estos gastos que cada jurisdicción del estado local realiza de manera descentralizada se hacen a pesar de que en el año 2011 fueron licitados (mediante la Licitación 298) los servicios de seguridad privada para la custodia de edificios y dependencias del Gobierno de la Ciudad.

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