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ALQUILERES

¿Alquilar se puede?

Por Luna Miguens
30-03-2015

La Ciudad de Buenos Aires vive en los últimos años un proceso de inquilinización de sus habitantes: ante los aumentos exponenciales del precio del suelo en la Ciudad, cada vez más hogares optan por el alquiler como alternativa a la compra de una vivienda. De esta manera, la tasa de inquilinos, que rondaba el 27% en 2004, hoy supera el 33%.

Ante este escenario, el gobierno porteño lanzó el programa “Alquilar de puede“, que busca ayudar a quienes buscan alquilar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora bien, ¿cuáles son los alcances reales de este programa?

El mismo se estructura en torno de tres ejes de intervención principales:

1. Ofrece un crédito otorgado por el Banco Ciudad, para afrontar los altos costos que supone entrar en un alquiler –comisión, depósito, gastos administrativos, etc-, que debe devolverse en los 24 meses de duración del contrato y tiene una tasa fija de 19.5%. En caso de no poder pagarlo, luego de dos meses se procede al desalojo.

2. Ofrece una garantía por parte del mismo banco, por un costo de dos meses del valor del alquiler, también a tasa fija del 19,5%.

3. Ofrece un subsidio que cubre parte de la cuota del alquiler para aquellas familias que ganen entre uno y dos sueldos mínimos.

Para ser beneficiario del programa es necesario no tener más de 35 años de edad. A su vez, el alquiler mensual no puede superar el 30% de los ingresos mensuales declarados. Esto supone ingresos por encima del promedio de la Ciudad. Según la Dirección de Estadísticas de la Ciudad, el valor más bajo en el relevamiento de oferta de alquileres, realizado en octubre del año pasado, fue de 3217 pesos, en el barrio de Vélez Sarsfield. Es decir que, para poder acceder a ese alquiler, hay que cobrar 10.700 pesos como mínimo, esto es, un 30% más que el ingreso promedio que, en el tercer trimestre de 2014, era de 8352 pesos.

Sin embargo, más allá de las restricciones existentes, el programa “Alquilar se puede“ revela la lógica que subyace en la política habitacional del gobierno porteño.

La gran mayoría de los porteños conoce, directa o indirectamente, las arbitrariedades a las que se deben someter quienes buscan alquilar una vivienda: las comisiones y los depósitos ya no son un mes de alquiler sino dos, o incluso tres; las garantías que no son de capital generalmente no son aceptadas, etc. Asimismo, resulta indiscutible que sea el locatario quien deba afrontar los gastos administrativos del contrato, cuando en definitiva el acuerdo supone un beneficio para ambas partes. Estas exigencias resultan en un mercado de alquileres cada vez más caro y, por lo tanto, excluyente.

Ante esta dinámica, el gobierno porteño decide intervenir con una lógica focalizada. En lugar de modificar los factores que condicionan el acceso formal a este mercado, equilibrando la asimetría que existe en una mesa de negociación entre quien necesita acceder a una vivienda, y quien es dueño, poniendo límites a las exigencias arbitrarias de las inmobiliarias, o estableciendo pautas a cumplir en los contratos de alquiler, el gobierno porteño opta por endeudar a quien necesita acceder a una vivienda, favoreciendo al negocio de las inmobiliarias.

Existen hoy numerosos proyectos de ley presentados en la Legislatura –ninguno por el oficialismo- que, más allá de sus diferencias, apuntan a poner en vigencia un marco regulatorio para el mercado de alquileres que genere condiciones más justas de acceso y funcionamiento del mismo. Entre las medidas propuestas pueden mencionarse la obligación de registrar todos los contratos de locación para fiscalizar que cumplan con la ley, establecer un tope de un mes de alquiler para la comisión de la inmobiliaria y que dicho gasto sea compartido entre locador y locatario, instituir un tributo especial para aquellos inmuebles que se encuentren desocupados, definir que el pago esté bancarizado, entre otras. Ninguno de ellos ha superado las trabas puestas por el oficialismo para que este tipo de proyectos prosperen.

El funcionamiento actual del mercado de alquileres, marcado por una desregulación absoluta, afecta directamente el derecho de los porteños a acceder a una vivienda digna y, a su vez, es funcional al mercado ilegal de alquileres en villas y asentamientos. Es innegable entonces la necesidad de una intervención que apunte a modificar de raíz este funcionamiento, para que el mercado de alquileres sea una alternativa habitacional accesible para cada vez más habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

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