viernes 15 de diciembre del 2017

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Frente a la tragedia de Costa Salguero, el FPV presenta una Ley Integral de Regulación, Fiscalización y Reducción de Daños para la Salud en Actividades Masivas de Diversión Nocturna

Por Carlos Tomada
12-05-2016

La tragedia ocurrida el pasado 16 de abril en un predio de Costa Salguero, en el marco de la fiesta denominada “Time Warp”, puso en evidencia las consecuencias fatales derivadas de la ausencia de controles por parte del Estado en eventos masivos durante la noche porteña.

Lo ocurrido en Costa Salguero condensa, en rigor, varias problemáticas asociadas. Por un lado, el consumo abusivo de sustancias lícitas e ilícitas por parte de los jóvenes de de nuestra Ciudad, que amerita una discusión profunda y seria, evitando la estigmatización y demagogia punitiva. Por otro lado, la deficiencia sistémica de los controles estatales, que desde hace años se expresa en muertes evitables.

La Agencia Gubernamental de Control (el organismo encargado de llevar adelante las inspecciones) estableció que a las 3.00 am había 10.900 personas dentro del predio (habilitado para 13.000) cuando, según trascendió de la investigación judicial, en realidad el número de asistentes rondaría los 20.000. A esto hay que sumarle las condiciones ambientales tales como el elevado nivel de humedad, el calor y la falta de ventilación. Segundo, los inspectores constataron que no había inconvenientes con el dispendio de agua potable dentro del lugar, sin embargo, son varios los testimonios de asistentes que declaran que el agua de los baños fue cortada durante la noche (para hacer aún más redituable el evento a partir de la venta de agua embotellada). Tercero, la venta de drogas llevada a cabo dentro de un espacio que estaba custodiado por una empresa de seguridad privada y que, además, contaba con la presencia de Prefectura en las inmediaciones para actuar frente a ilícitos como ese.

Ante este panorama, Horacio Rodríguez Larreta ensayó una suerte de respuesta rápida a través de los medios de comunicación. La misma tuvo como objetivo central poner el foco de la discusión exclusivamente en el consumo de drogas en el marco de “fiestas electrónicas” a través de dos mecanismos. Por un lado, el Jefe de Gobierno anunció la creación de una “mesa interdisciplinaria de adicciones” que estará conformada por especialistas provenientes de distintas áreas y ámbitos. Una iniciativa que es más que bienvenida por nuestro espacio político, pero que –cabe aclarar– no hace más que cumplir con lo dispuesto en el Decreto N° 484 del año 2010. En el artículo 5° del citado decreto se establece, específicamente, la creación de un Comité Interministerial que “tendrá como objetivo garantizar la planificación y los lineamientos estratégicos del plan integral regulado por la Ley N° 2.318 (Ley de Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas)”. Por el otro, envió un proyecto de ley a Legislatura que busca, tal como reza su primer artículo, “promover el cuidado de los asistentes a los eventos masivos de música electrónica” (sic). El proyecto carece de rigor, porque no sólo no se tiene en cuenta que no existe en la legislación actual nada que sea calificado de “fiesta masiva electrónica”, sino que parte del erróneo diagnóstico de que lo ocurrido en Costa Salguero es un fenómeno específico de ese tipo de música. El oficialismo debería comprender que los excesos en el consumo de sustancias y la voracidad empresaria para ganar dinero a costa de la salud de nuestros jóvenes es un fenómeno común a todo tipo de eventos masivos nocturnos.

El resto de los incisos del art. 2° intenta abordar una serie de cuestiones que en realidad ya están contempladas en la normativa vigente. Por ejemplo, se busca garantizar la hidratación de los asistentes a este tipo de eventos. No obstante, la Ley 2.732 del año 2008 ya establece sanciones a los organizadores de eventos de carácter bailable que, de manera intencional o bien por la existencia de deficiencias en la provisión, no garanticen la libre disposición de agua potable gratuita durante el desarrollo de los mismos a través de servicios sanitarios y dispensers.

El inciso “b” busca “asegurar la asistencia médica y el acceso a la misma”. Esto ya está presente en los artículos 2° y 18° de la Resolución 461 de la AGC. En otro de sus incisos (el “g”) obliga a los organizadores a incorporar una metodología de control de acceso “medible”, con sistema tecnológico “visible y certificado”. Aquí, nuevamente, Larreta parece desconocer el DNU N° 2/10, que en su artículo 4º establece que se autoriza la utilización de medios mecánicos, electrónicos y otros de distinta índole, para la constatación del cumplimiento de la capacidad de personas autorizadas. Estipula también que la Autoridad de Aplicación determine las condiciones y oportunidad de dichos medios.

Asimismo, se puede detectar una situación análoga en el inciso “d”, mediante el cual se procura la difusión de información (durante el evento) de prevención para reducir conductas de riesgo. Más arriba ya se ha mencionado la Ley 2318/07 en donde se estableció la obligación del GCBA de garantizar una política integral y sistemática sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, a través de la instrumentación de un plan integral especializado, dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En síntesis, el proyecto enviado a la Legislatura por el jefe de Gobierno no es más que una compilación de normas existentes, lo que pone en evidencia no sólo su escaso aporte para mejorar el statu quo, sino que también deja en evidencia todas las normativas que este gobierno incumplió el pasado 16 de abril.

Desde el bloque del FpV entendemos que para que no vuelva a suceder una tragedia similar, es necesario abordar la problemática de manera integral, teniendo como eje vertebrador una mayor y más eficaz presencia estatal cuando se trate de controlar las actividades propias de la nocturnidad.

Es en este sentido que, junto a Paula Penacca y Andrea Conde, hemos presentado un proyecto de ley regula todas las actividades nocturnas que se habilitan por excepción y que requieren habilitación particular para cada evento. Para esto, se utilizó como base el DNU 2/2010 y se mejoraron aquellos aspectos que hoy están regulados de manera muy general y dejan las especificidades en resoluciones y disposiciones dictadas por el Ejecutivo.

Entre los aspectos más relevantes de nuestro proyecto se destacan: primero, el establecimiento de criterios más estrictos para la habilitación de este tipo de eventos. Puntualmente, se deberá tomar en cuenta no sólo la cantidad de personas en función de los m2 totales del espacio y su relación con la cantidad y disposición de salidas de emergencia (como establece la normativa actual), sino que también se deberá tomar en cuenta el tipo de actividad, los múltiples espacios que pueda contener una misma locación y las formas en que pueda variar la actividad a lo largo del evento. Sin ir más lejos, en Time warp había varias pistas donde a lo largo de la noche se iban amontonando los asistentes en función del DJ que tocaba en el momento, algo que no está contemplado a la hora de determinar la cantidad de asistentes que pueden ingresar al predio.

En segundo lugar, se mejora el Sistema de control de ingresos, ya que se obliga a los organizadores a tener un sistema pasible de ser controlado en tiempo real por las autoridades y con sistema informático certificado y aprobado previamente por la autoridad de aplicación. De esta manera, las autoridades podrán ejercer un control más preciso de la cantidad de asistentes y evitar el tipo de “errores” que fueron cometidos en Costa Salguero. Asimismo, se obliga al GCBA –a través de la Agencia Gubernamental de Control– de disponer un cuerpo de inspectores durante todo el desarrollo del evento, quienes de constatar una irregularidad deberán comunicar de inmediato a una autoridad igual o mayor a Director General para que disponga si labra un acta o directamente clausura el evento.

Respecto al accionar de los agentes de seguridad, se aclaran responsabilidades vinculadas a la articulación entre los servicios de seguridad pública y privada durante todo el desarrollo del evento. La encargada de esto será la Dirección General de Eventos Masivos, una estructura creada recientemente en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad local. Además, se instaura el control de alcoholemia y antidoping sobre los agentes de seguridad privada que se desempeñen en estos eventos masivos.

Como también sabemos que no es sencillo que un joven denuncie personalmente un delito que está ocurriendo durante la fiesta, en el proyecto se crea una aplicación para realizar denuncias desde el celular en tiempo real. De esta manera, los asistentes tendrán la posibilidad de advertir sobre irregularidades (por ejemplo la falta de suministro de agua) o delitos de manera rápida, accesible y con garantías de resguardo de sus datos personales.

Finalmente, se instituye un dispositivo integral de reducción de daños para la salud, consistente en prevención y control que realmente pueda hacer frente a la problemática que hoy existe entre nuestros jóvenes cuando se trata de consumo de drogas y alcohol. El dispositivo contempla: presencia médica, testeo in situ de sustancia psicoactivas y la incorporación de Hidroxicobalamina 5gr administrable por vía endovenosa al material de primeros auxilios del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), entre otras.

Como puede apreciarse, un abordaje realmente integral necesita una ley que realmente lo exprese. El proyecto enviado por el Jefe de Gobierno está muy lejos de esa integralidad, muchas veces declamada en los medios pero poco frecuente en la gestión de todos los días. Ojalá que nuestro proyecto sirva de base para mejorar las normas existentes y para obligar al Estado a tener, realmente, una mayor presencia cuando de controlar a los privados y cuidar a los jóvenes se trate.

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